La Defensoría del Pueblo ha lanzado una advertencia sobre la posible violencia electoral en 18 municipios del departamento de Córdoba, identificando siete de ellos en la subregión del San Jorge como de «alto riesgo», donde la amenaza es aún más acentuada. El proceso electoral en estos territorios, programado para culminar el 29 de octubre, podría verse afectado por la influencia de grupos al margen de la ley, según señala el informe de la Defensoría.
El municipio de San José de Uré emerge como el punto más crítico en términos de potencial de riesgo, donde grupos ilegales podrían ejercer influencia a través de métodos coercitivos en la intención de voto de los ciudadanos. Este hecho ha elevado la preocupación en las autoridades y en la población en general. La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana, ha resaltado que la presencia de estos grupos armados ilegales representa una amenaza considerable para el desarrollo adecuado del proceso electoral en la región.
La lista de municipios en alto riesgo de violencia electoral incluye a Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador y San José de Uré, todos pertenecientes a la subregión del San Jorge en el sur de Córdoba. Estos lugares enfrentan desafíos significativos para garantizar elecciones justas y libres de intimidación.
No obstante, estos municipios no están solos en su preocupación. Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Sahagún, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, otros municipios en el departamento de Córdoba, también han sido identificados como lugares de alto riesgo en términos de violencia electoral. Esta situación ha llevado al Defensor del Pueblo a solicitar la colaboración del presidente Gustavo Petro, instando a una respuesta coordinada y conjunta para afrontar esta alerta.
El objetivo primordial es reunir la institucionalidad del Estado y coordinar acciones con el fin de asegurar la integridad y la seguridad durante todo el proceso electoral. La advertencia de la Defensoría del Pueblo refuerza la necesidad de un esfuerzo conjunto para proteger la democracia y garantizar que los ciudadanos de estos municipios puedan ejercer su derecho al voto sin temor ni interferencia indebida.
A medida que el 29 de octubre se acerca, la atención se centra en la respuesta y las acciones tomadas para asegurar elecciones justas y pacíficas en estos territorios afectados. La cooperación entre las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional será fundamental para enfrentar estos desafíos y proteger el corazón mismo de la democracia en Colombia.
