El Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto de ley que busca establecer de manera definitiva y conforme a acuerdos internacionales, el proceso mediante el cual solo las autoridades judiciales tendrían la potestad de remover de sus cargos a funcionarios electos por voto popular. Esta decisión se ha originado en respuesta a la polémica generada por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 8 de julio de 2020, que devolvió los derechos políticos al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien había sido destituido e inhabilitado por el Procurador Ordoñez.
La controversia gira en torno a la facultad de la Procuraduría, encabezada por la procuradora Margarita Cabello, para sancionar y destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Mientras el presidente Petro insiste en la supremacía del tratado internacional y en el cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana, diversos actores, incluyendo el Concejo de Estado, la Corte Constitucional y el Congreso, han intervenido en el debate. El Congreso ya aprobó una reforma a la Procuraduría con el objetivo de alinearla con la decisión de la corte.
Expertos constitucionales han expresado sus opiniones sobre el tema. Kenneth Burbano, observador constitucional, enfatiza que esta cuestión debe estar bajo la jurisdicción de los jueces y no en manos de la Procuraduría. Por otro lado, David Murillo Cruz, otro observador constitucional, advierte que no cumplir con la decisión de la corte podría poner a Colombia en riesgo de ser demandada nuevamente ante la Corte Interamericana.
En el proyecto de ley del gobierno, se propone una reforma integral de la Procuraduría para que esta no pueda destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Además, se establece que la Contraloría tampoco tendría esta facultad. Esto no implica la desaparición de las funciones de la Procuraduría, sino que se restringe su poder en relación a los funcionarios elegidos por votación popular.
Dentro del borrador se contempla la suspensión de las funciones sancionatorias para los funcionarios electos por voto popular tanto en la Procuraduría como en la Contraloría. Ambos organismos retendrían la capacidad de sancionar a otros funcionarios estatales que no sean elegidos por voto popular. Además, se propone que los procuradores, que actualmente actúan como jueces de los funcionarios electos, pasen a formar parte de la rama judicial, y se eliminaría la figura de los procuradores en los procesos penales.
Este proyecto de ley busca superar la controversia generada por la decisión de la Corte Interamericana y adaptar el sistema legal colombiano a las directrices internacionales, al mismo tiempo que se asegura una mayor independencia de las autoridades judiciales en el proceso de remoción de funcionarios electos. La discusión en torno a esta propuesta promete ser intensa y determinante para el futuro del sistema de justicia y político del país.
