El expresidente Álvaro Uribe ha reiterado su rechazo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha cuestionado su legitimidad después de las sorprendentes declaraciones públicas de altos mandos retirados del Ejército colombiano en relación con los casos de «falsos positivos». Estas declaraciones han generado opiniones cruzadas en el país entre los seguidores y oponente de Uribe, lo que ha generado debate sobre la justicia transicional en Colombia.
Altos mandos militares, incluido el general en retiro Henry Torres Escalante, han admitido su participación en la creación de falsos positivos, un término que se refiere a la ejecución extrajudicial de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate. Torres, quien comandó la Brigada XVI en el departamento de Casanare durante el periodo crítico de estos hechos vergonzosos para el país y para el ejército, declaró que las muertes se convirtieron en números y porcentajes debido a la presión de sus superiores y mencionó al entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
En respuesta a estas confesiones, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha utilizado sus redes sociales para manifestar su firme oposición a la JEP. Uribe alega que tanto la JEP como la Comisión de la Verdad fueron impuestas por las FARC, con la participación de Cuba y Venezuela, y fueron rechazadas por la población colombiana en un plebiscito.
La confesión del general Torres Escalante y otros altos mandos militares sobre su participación en los «falsos positivos» ha dejado al país sorprendido y ha aumentado la presión sobre la JEP para que continúe investigando estos crímenes atroces y asegure que los responsables sean llevados ante la justicia.
La JEP y la Comisión de la Verdad enfrentarán desafíos significativos en su búsqueda de la verdad y la justicia en un contexto político y social complejo.
