El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el desvío de fondos destinados a la atención de la salud hacia actividades criminales, en medio de nuevas revelaciones sobre la presunta influencia de grupos paramilitares en las EPS en el departamento de Córdoba. Estas declaraciones del mandatario surgieron a raíz de las recientes declaraciones del exsenador cordobés Julio Manzur ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Julio Manzur, quien enfrenta un proceso por parapolítica ante la JEP, realizó sus declaraciones el 11 de agosto en Bogotá durante una audiencia en la que el tribunal decidió readmitir y continuar con el trámite de su sometimiento. Las nuevas aportaciones de Manzur se consideraron relevantes y suficientes para avanzar en la búsqueda de la verdad plena.
Manzur, quien ocupó escaños en el Congreso durante los periodos 1982-1990 y 1994-2009, fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2015 como presunto coautor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, supuestamente por promover grupos paramilitares que operaban en Córdoba.
Las declaraciones del presidente Petro se centraron en la presunta utilización de recursos públicos destinados a la atención médica para fines criminales. A través de su cuenta en una red social, Petro expresó su preocupación, afirmando que «varias EPS eran del paramilitarismo y con recursos públicos destinados para salvar vidas, los destinaron para acabar con la vida.»
El mandatario también advirtió sobre la alta interferencia del crimen en la sociedad y cómo esto puede afectar la intermediación de recursos públicos. En sus palabras, «en sociedades con alta interferencia del crimen, la intermediación de recursos públicos será cooptada por el crimen.»
