La Coordinadora Minera ya se encuentra en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo del municipio de Caucasia, Antioquia, a la espera de la llegada de la delegación  del Gobierno Nacional, integrada por el ministro de Minas y Energía,Andrés Camacho Morales, el viceministro del Interior,Gustavo García Figueroa, la viceministra de Defensa Daniela Gomez Riva y la Agencia Nacional de Minería (ANM). También participan en la mesa de diálogo varias entidades del Gobierno Departamental, entre ellas, la Dirección de Fomento y Desarrollo Minero y la Dirección de Derechos Humanos.

En esta reunión, se comenzarán a discutir los puntos acordados en 2023 entre el gobierno y los mineros, centrados en la formalización de la pequeña y mediana minería. Uno de los temas clave es la inclusión de la maquinaria amarilla en los frentes de trabajo, evitando su quema o destrucción por parte de la fuerza pública. Esta petición hace parte de un trato especial solicitado por los pequeños y medianos mineros.

La principal demanda de los mineros es la derogación del decreto 1035, el cual autoriza a la fuerza pública a destruir cualquier maquinaria utilizada en actividades mineras ilegales. Los representantes mineros consideran que esta medida afecta desproporcionadamente a los pequeños productores, quienes luchan por la formalización de su labor.

El diálogo busca concretar un acuerdo que permita avanzar hacia la formalización del sector minero y poner fin a las acciones que, según los mineros, criminalizan su trabajo.