El Consejo Comunitario de Comunidades Negras del municipio de San José de Uré, en el sur de Córdoba, denunció públicamente una grave injerencia de la administración municipal en su proceso electoral interno, ocurrido el pasado 14 de diciembre, hecho que, según la autoridad étnica, vulnera de manera directa la autonomía, la libre determinación y el gobierno propio de la comunidad afrodescendiente asentada ancestralmente en San José de Uré.
De acuerdo con el comunicado oficial, las elecciones para conformar la Junta Directiva fueron convocadas de manera legítima, conforme a la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el reglamento interno del Consejo Comunitario. Sin embargo, durante la jornada se habría presentado un intento deliberado de sabotaje institucional, presuntamente promovido por el alcalde municipal Luis José González Acosta, con la participación de funcionarios públicos y autoridades del municipio.
El Consejo señala directamente al Secretario de Desarrollo Rural, al Personero Municipal y al Comandante de la Estación de Policía de Uré, quienes según la denuncia habrían intervenido de forma indebida en un asunto interno de una autoridad étnica, extralimitando sus funciones y promoviendo una elección paralela sin sustento legal, con personas que actualmente se encuentran sancionadas por la propia comunidad.
La autoridad comunitaria advierte que estos hechos podrían constituir faltas disciplinarias gravísimas, así como posibles responsabilidades fiscales y penales, por abuso de autoridad, intervención indebida en procesos comunitarios y uso irregular del poder público para favorecer intereses políticos ajenos a la comunidad.
El comunicado enfatiza que la actuación denunciada viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política, así como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado colombiano a respetar las instituciones propias y los mecanismos de decisión de los pueblos afrodescendientes sin ningún tipo de interferencia externa.
Ante esta situación, el Consejo Comunitario responsabilizó a la administración municipal por cualquier afectación al orden comunitario y a la seguridad de líderes y lideresas, y elevó un llamado urgente al Ministerio del Interior y a los organismos de control para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.
Finalmente, la autoridad étnica reiteró que las elecciones realizadas el 14 de diciembre son la única expresión válida de la voluntad colectiva, advirtiendo que la autonomía étnica “no se negocia ni se somete a intereses políticos externos