En una jornada de trabajo conjunta entre la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), se recibió la visita del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, en el marco del acompañamiento a los procesos de restitución de tierras que se adelantan con familias campesinas víctimas del desplazamiento forzado del Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo.

La actividad se realizó en el corregimiento de Santa Fe Las Claras, municipio de Puerto Libertador, con la participación de familias campesinas que anteriormente habitaban la vereda La Danta, en el municipio de San José de Uré, y que se vieron obligadas a abandonar sus predios como consecuencia del conflicto armado.

Durante este ejercicio se desarrolló la identificación previa de los predios, con el objetivo de establecer su ubicación exacta y suministrar esta información a la Unidad de Restitución de Tierras, facilitando así una mejor planificación de las jornadas de levantamiento topográfico y georreferenciación, lo que permitirá agilizar de manera significativa la etapa administrativa del proceso de restitución.

Desde el año 2019, ASCSUCOR ha venido impulsando este proceso de manera articulada con la Comisión Colombiana de Juristas y con el respaldo de entidades de cooperación internacional que han financiado las actividades requeridas. Como resultado de este esfuerzo, actualmente 15 familias ya se encuentran inscritas en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras.

Este avance constituye un hecho histórico, ya que por primera vez en Colombia se ha logrado desarrollar una ruta de restitución de tierras para población campesina desplazada desde un Parque Nacional Natural, abriendo una puerta que no solo beneficia a las familias del sur de Córdoba, sino también al campesinado del país que vio durante años lejano su derecho a la restitución por haber sido desplazado de áreas protegidas.

La visita del Fondo Multidonante de Naciones Unidas ratifica su compromiso con estos procesos, cuya financiación fortalece las condiciones de acceso a la justicia para las familias víctimas del conflicto armado y contribuye a la garantía efectiva de sus derechos.