Desde hace tres días, comunidades de San José de Uré, aledañas a la mina Cerro Matoso, mantienen un bloqueo a la entrada de la mina, que ha generado preocupación en la empresa minera. Las dos comunidades principales que  protestan son miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, Veedores Ambientales y la Parcialidad Indígena La Libertad, Puerto Colombia.

El motivo de la protesta radica en la falta de cumplimiento de la sentencia T 733 de 2017, que establece una serie de medidas que la mina debe tomar en un plazo de un año, entre ellas, realizar una consulta previa con las comunidades afectadas. La orden cuarta especifica que esta consulta debe tener en cuenta los impactos encontrados en la sentencia, tales como contaminación, afectaciones a la salud y repercusiones socioeconómicas que han afectado las prácticas de soberanía alimentaria, como la pesca, caza y agricultura.

El Otrosí N° 51, destaca medidas pendientes para la descontaminación de los ecosistemas de suelo, agua y aire, así como la recuperación de la capacidad productiva de los suelos tras cuarenta años de operación de Cerro Matoso. Además, la orden quinta,  exige la obtención de la licencia una vez completada la consulta, mientras que la orden sexta, solicita al Ministerio de Protección Social y de Salud, realizar brigadas que levanten un perfil epidemiológico detallado de cada persona en las comunidades afectadas.

Sin embargo, según las comunidades, el Ministerio de Protección Social contrató al hospital de Montelíbano,, no cumplió adecuadamente con el levantamiento de los perfiles epidemiológicos. La orden séptima establece que Cerro Matoso tiene la obligación de brindar atención integral en salud a las comunidades afectadas por enfermedades como artritis, dermatitis y cáncer pulmonar.

Las comunidades argumentan que, hasta el momento, no se ha seguido una ruta de salud concreta y que la atención de Cerro Matoso es insatisfactoria. Exigen una evaluación concreta por parte del Ministerio de Protección Social.

Adicionalmente, las comunidades manifestantes exigen que se cumpla la orden 11, que insta al Ministerio de Medio Ambiente y Protección Social a crear una nueva normativa ajustada a estándares internacionales respecto a los niveles de níquel en las aguas y en el aire, algo que aún no se ha realizado.

Actualmente, se lleva a cabo una reunión entre representantes de la empresa y las comunidades afectadas para intentar llegar a un acuerdo que resuelva las demandas planteadas y ponga fin al bloqueo de la mina Cerro Matoso.