Tras 11 días de la firma del acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria, las comunidades de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba, expresan su malestar ante la continuación de procesos de erradicación forzosa que van en contra de lo pactado. Las comunidades, decididas a hacer valer sus derechos, advierten que no tolerarán actitudes de la fuerza pública que contradigan el acuerdo firmado con el gobierno.
A pesar de la disposición inicial del gobierno y la celebración de los líderes locales respecto al acuerdo, parece que la coordinación entre las entidades gubernamentales y la fuerza pública es deficiente, generando desconfianza y frustración en las comunidades afectadas.
La falta de articulación entre el gobierno nacional y las fuerzas armadas, una situación que se arrastra desde el gobierno anterior, ha llevado a que las tropas del ejército nacional ignoren los acuerdos establecidos.
Las comunidades, especialmente en la vereda El Guineo, denuncian que las tropas militares están pasando por alto los compromisos pactados, realizando acciones de erradicación forzosa que socavan la voluntad expresada en el acuerdo colectivo. Este desacato ha llevado a que los habitantes de estos municipios anuncien acciones de protesta en el marco de la erradicación, buscando llamar la atención sobre el incumplimiento por parte de las autoridades.

Los campesinos, en particular, sienten que están siendo objeto de burla, especialmente los líderes que han trabajado arduamente en la promoción de la sustitución voluntaria. Critican la falta de coherencia entre las palabras del gobierno y las acciones de la fuerza pública, subrayando que este patrón de comportamiento no es nuevo y ha persistido desde la administración anterior.
Este descontento refleja la creciente desconfianza de las comunidades hacia el gobierno, ya que perciben una falta de unidad y coordinación interna que socava los compromisos asumidos. Las comunidades afectadas instan al gobierno nacional a tomar medidas inmediatas para corregir esta situación y garantizar el respeto por los acuerdos colectivos que buscan el bienestar de estas poblaciones.
