Un nuevo capítulo de cuestionamientos se abre alrededor del Acueducto Regional del San Jorge, una de las obras más esperadas en el sur de Córdoba que, tras más de una década de ejecución y una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, sigue sin cumplir su objetivo principal: llevar agua potable a miles de ciudadanos.
El diputado Gabriel Calle Aguas anunció la preparación de un debate de control político en la Asamblea Departamental durante las sesiones de este mes, con el propósito de esclarecer qué ha ocurrido con este proyecto que debía beneficiar a los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
Según el diputado Gabriel Calle Aguas, la situación es crítica. Hace pocos días, junto a su equipo de trabajo, realizó una inspección técnica en puntos clave del sistema, como la bocatoma y la planta de tratamiento y gran parte del recorrido de la tubería. Los hallazgos, asegura, serán el eje central del debate de control político que citará en la Asamblea, en el que se busca esclarecer el manejo de los recursos públicos y la ejecución de las inversiones realizadas.
El diputado enfatizó que este ejercicio también tiene como propósito defender el bienestar de los habitantes de la subregión del San Jorge, quienes continúan esperando un servicio que no ha sido garantizado. En ese sentido, señaló que la empresa Aguas de Córdoba deberá responder ante los organismos de control y la ciudadanía por el estado actual del proyecto.
El paso del tiempo y la falta de cuidado terminaron destruyendo lo que se había construido. Once años a la intemperie han dejado un panorama desolador, advierten ciudadanos de la región, quienes consideran que el proyecto se ha convertido en un símbolo de ineficiencia administrativa y elefante blanco.
Uno de los puntos que más preocupa es la reciente inversión realizada por la administración departamental. A comienzos de 2025, el gobierno de Erasmo Zuleta Bechara, aprobó una adición presupuestal de 12 mil millones de pesos con el compromiso de entregar la obra antes de finalizar ese mismo año. Sin embargo, a abril de 2026, no hay señales claras de avance ni una fecha concreta de entrega.
Para el diputado, el riesgo es evidente, que el acueducto continúe recibiendo recursos sin llegar a su culminación. Nos preocupa que sigan haciendo adiciones millonarias y que esta obra termine convertida en una ‘vaca lechera’ de las administraciones, sin que se traduzca en soluciones reales para la gente, afirmó.
Mientras tanto, las comunidades de los municipios que se beneficiarían, continúan esperando. En zonas donde el acceso al agua potable es limitado, el retraso del proyecto no solo representa una falla institucional, sino una afectación directa a la calidad de vida de miles de familias.
El debate en la Asamblea promete poner sobre la mesa responsabilidades, decisiones administrativas y el futuro de una obra que, más que una solución, se ha convertido en un problema sin resolver en el departamento de Córdoba.