La Asamblea Departamental de Córdoba volvió a convertirse en escenario de maniobras políticas oscuras durante la elección del nuevo contralor departamental. La orden para imponer a Víctor Manuel Ariza, un funcionario oriundo de Bucaramanga, llegó apenas cinco minutos antes de iniciar la sesión.

Según el medio Caribe Noticias, una fuente le manifestó que, la instrucción, no llegó por los canales institucionales sino a través de un emisario directo del gobernador Erasmo Zuleta: “Zuletica, el primo de la mochila”, quien ingresó a la Presidencia de la Asamblea con un mensaje tan breve como contundente:
“O eligen a Ariza o se acaban los acuerdos.”

Tras ese ultimátum se movía, según la información obtenida, una alianza de conveniencia entre el gobernador Zuleta y el poderoso clan Calle. El cálculo era simple: si los diputados no se alineaban y votaban por Víctor Ariza, se vendrían abajo los acuerdos para repartirse la Alcaldía de Montelíbano y, además, los Calle retirarían su respaldo electoral al alfil de Zuleta en la Cámara de Representantes.

En otras palabras, el órgano de control fiscal más importante del departamento quedaba convertido, una vez más, en una ficha dentro del eterno cambalache político que ha gobernado a Córdoba por décadas, si esos mismos que se reparten el departamento y las regalías de esos municipios ricos del sur de Córdoba. 

Las versiones que circularon por los pasillos de la Asamblea apuntaban a un trasfondo aún más sensible, el manejo y la aprobación de 66.000 millones de pesos en regalías del municipio de Montelíbano, un botín burocrático que, para su total tranquilidad, requeriría un contralor “funcional, amigo que coma callado y que sea afecto a los interés de las elites políticas del departamento.

La misma fuente aseguró que la presunta coima por la elección rondaría los 70 millones de pesos por diputado, pagos que, según dijo, se entregarán en diciembre.

El diputado Gabriel Enrique Calle Agua, se declaró impedido para participar en la elección pactada debido a las múltiples investigaciones por presunta corrupción que enfrenta su padre y jefe político y actual alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle de Moya. Pero, según la fuente, esas preocupaciones quedaron rápidamente enterradas con esta nueva conquista dentro de los entes públicos.

Los 12 diputados que respaldaron la elección del contralor fueron bautizados por funcionarios internos y asistentes a la sesión como “los apóstoles del clan Bechara y del clan Calle”: figuras serviles, sin criterio propio y totalmente alineadas a sus beneficios particulares.

En cuanto a Víctor Ariza, su historial en Córdoba no es nuevo. Bucaramangués, con paso discreto por cargos estratégicos como la gerencia del Hospital de Lorica y la dirección del SENA en el departamento, su nombre generó resistencia no por falta de hoja de vida, sino por la obvia lectura política: su llegada al cargo respondería más a intereses de grupos de poder que al mérito técnico.

Con la imposición de un contralor externo, pero claramente alineado políticamente, se garantizaría, según las fuentes consultadas, que las investigaciones, auditorías y hallazgos fiscales continúen al ritmo que impongan los clanes Bechara y Calle.