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Gabriel Calle Aguas pone en la mira millonario proyecto agropecuario: cuestiona falta de transparencia en inversión de $5.500 millones en Córdoba

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Un nuevo foco de controversia se abre en torno al proyecto “Unidades Productivas Agropecuarias 2026 en Córdoba”, luego de que el diputado Gabriel Calle Aguas lanzara fuertes cuestionamientos sobre la ejecución del proyecto y la transparencia en recursos públicos, en una iniciativa que contempla una inversión de 5.500 millones de pesos.

El programa, que busca beneficiar a 38 asociaciones del sector rural, ha generado inquietudes por la falta de claridad en la selección de beneficiarios, así como por dudas sobre la asistencia técnica agropecuaria y la inclusión de organizaciones campesinas.

Entre los puntos más críticos se destacan los criterios de selección, el alcance de la inversión pública rural y la participación de actores como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y comunidades indígenas y étnicas, lo que podría derivar en exclusión de pequeños productores.

A esto se suma la incertidumbre sobre las subregiones beneficiadas en Córdoba, un aspecto clave para medir el impacto real del programa en el desarrollo rural.

“El historial de este tipo de programas obliga a ejercer control político riguroso”, advirtió Gabriel Calle Aguas, al recordar antecedentes de irregularidades en proyectos agropecuarios, donde se han asignado beneficios a personas que no cumplen con los perfiles, dejando por fuera a productores legítimos.

En ese contexto, el diputado anunció la radicación de un derecho de petición, con el fin de obtener información detallada sobre la estructuración del proyecto, su ejecución técnica y los criterios de asignación de recursos.

La solicitud busca esclarecer posibles vacíos administrativos y prevenir lo que calificó como retrocesos en la gestión pública, especialmente en un sector históricamente vulnerable como el campo cordobés.

El debate revive cuestionamientos sobre la transparencia en la inversión agropecuaria en Córdoba, un tema recurrente bajo la lupa de los organismos de control y la opinión pública.

“La transparencia en los recursos públicos no es opcional: es una obligación”, enfatizó el diputado, marcando una postura crítica frente a una iniciativa que, aunque promete impulsar el desarrollo del sector agropecuario, hoy enfrenta serios cuestionamientos.

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