El proyecto minero de cobre El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, enfrenta esta semana un momento decisivo. Hoy miércoles 28 de enero, el Comité Técnico Consultivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitirá su concepto sobre la iniciativa, una determinación que podría abrir el camino para el inicio de la fase de Construcción y Montaje (C&M) de la mina.
La iniciativa proyecta una inversión total cercana a los US$700 millones. A la fecha, la empresa ha ejecutado más de US$200 millones en actividades de exploración, estudios técnicos y ambientales, además de algunas iniciativas sociales. La siguiente etapa contempla una inversión adicional de US$420 millones, con el anuncio de la generación de 1.700 empleos formales, priorizando —según la compañía— la contratación de mano de obra local.
El proyecto ha sido desarrollado de manera conjunta por la empresa canadiense Cordoba Minerals Corp. y la compañía china JCHX, y es presentado como una oportunidad para dinamizar la economía de una región marcada por el rezago estructural. No obstante, estas promesas contrastan con la realidad laboral del departamento, donde la informalidad supera el 65 %, y en zonas rurales alcanza niveles superiores al 80 %, de acuerdo con cifras oficiales del DANE. En ese contexto, sectores sociales cuestionan si los empleos anunciados tendrán un impacto sostenible o si se limitarán a un alivio temporal.
A las dudas económicas se suman fuertes tensiones sociales y denuncias de violaciones a derechos comunitarios. Habitantes del corregimiento El Alacrán y comunidades étnicas del área de influencia aseguran que no han sido debidamente incluidas en los procesos de consulta previa, lo que ha derivado en bloqueos, control territorial y un conflicto abierto con la empresa y el Estado.
Según denuncias de las comunidades, el desarrollo del proyecto ha estado acompañado de una persecución sistemática contra líderes sociales, especialmente en el corregimiento El Alacrán. Entre los casos señalados se encuentra el de Eliecer Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal, a quien la comunidad identifica como uno de sus principales líderes, este ha sido perseguido por una fiscalía , presuntamente paga por Minerales Córdoba. De acuerdo con estos señalamientos, también se han registrado procedimientos de la fuerza pública, incluidos allanamientos y daños a entables mineros, hechos que son percibidos por la población como actos de represión y amedrentamiento, más que como acciones de control institucional.
En este escenario, la decisión del Ministerio de Ambiente no solo definirá la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, sino que tendrá profundas implicaciones sociales y políticas. Para las comunidades, el concepto del Comité Técnico Consultivo se interpreta como una señal sobre el modelo de desarrollo que se impone en el sur de Córdoba: uno que prioriza la gran minería, aun en medio de conflictos sociales no resueltos y de denuncias por la vulneración de derechos colectivos.
El caso de El Alacrán vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: si los proyectos extractivos de gran escala están llamados a cerrar las brechas históricas de pobreza, informalidad y exclusión, o si, por el contrario, terminan profundizando la conflictividad en territorios donde el Estado sigue siendo débil y las comunidades reclaman participación real, garantías y respeto. La decisión que se adopte marcará no solo el futuro de la mina, sino también el rumbo social y económico del sur de Córdoba.