En un informe presentado por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, se ha destacado la alarmante situación de desnutrición que afecta a menores de cinco años en el departamento de Córdoba. El reporte revela que esta crítica situación tiene un impacto especialmente severo en las poblaciones de estrato 1 en Montería y en las comunidades indígenas Zenú y Embera Katío.

En el primer semestre de 2023, la Defensoría del Pueblo ha documentado cerca de 400 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en niños menores de cinco años en Córdoba. De estos casos, aproximadamente un tercio tuvo lugar en la capital Montería y en las comunidades indígenas Zenú y Embera Katío.

El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la tendencia en la que el 95% de los casos de desnutrición se concentran en el estrato socioeconómico uno. Esto refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual que afecta directamente los derechos fundamentales a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables.

Además, se informó que las poblaciones indígenas Zenú y Embera Katío, asentadas en las regiones de los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, también están siendo gravemente afectadas por la desnutrición infantil, con 49 casos reportados. Trágicamente, cuatro muertes de menores de cinco años han sido atribuidas a enfermedades relacionadas con la desnutrición, según datos preliminares del Instituto Nacional de Salud.

El informe también destaca que la Defensoría del Pueblo ha recibido un total de 829 quejas entre enero y julio por presuntas vulneraciones de derechos humanos en el departamento, siendo Montería la ciudad que más quejas ha registrado, con 369. La salud representa el 50,1% de las quejas, seguida por el derecho a la vida con 15,9%, el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos con un 4,5%, y la presunta vulneración de derechos de la niñez con un 3,3%.

Paralelamente, el informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado elementos que configuran el conflicto armado y las emergentes dinámicas de violencia en Córdoba. Entre estas dinámicas se incluye el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. También se resalta el conflicto relacionado con la minería y la protección de los derechos colectivos y medioambientales.

El Defensor del Pueblo subrayó que el asesinato de líderes sociales es uno de los aspectos más críticos del conflicto armado en la región. Durante los primeros seis meses del año se han registrado seis homicidios de líderes y defensores de derechos humanos en Córdoba.

La movilidad humana forzada también es una consecuencia del conflicto armado en las zonas rurales del departamento. En los primeros siete meses de este año se ha registrado un evento de desplazamiento masivo forzado en el municipio de Tierralta, afectando a 64 familias, equivalente a 155 personas. Además, se han presentado eventos de riesgo de desplazamiento o confinamiento en Puerto Libertador y Tierralta.

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas necesarias que eviten la vulneración de los derechos de las comunidades. Asimismo, destacó la importancia de atender las recomendaciones emitidas a través de las Alertas Tempranas desde el inicio del año. El informe evidencia la urgente necesidad de abordar tanto la crisis de desnutrición infantil como los factores subyacentes del conflicto armado en Córdoba.