El alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, quedó atrapado en una contradicción que hoy genera serios cuestionamientos públicos y políticos. El mismo mandatario que, frente al presidente Gustavo Petro y a medios de comunicación nacionales, negó de manera vehemente la presencia del Clan del Golfo en su municipio —llegando incluso a afirmar que se trataba de una “vil mentira” y protagonizando un emotivo episodio en público— ahora reconoce de facto la realidad que antes rechazó.
Hace pocos días, Contreras solicitó abiertamente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, que suspenda las extorsiones en Tierralta y otros municipios como condición para avanzar en los próximos diálogos de paz, los cuales comenzarían formalmente el 3 de marzo.
“Esperamos que en los nueve o diez municipios donde se desarrollará este pilotaje, y en los tres donde se instalarán las zonas de ubicación temporal, nuestro pedido como autoridades territoriales es que el actor armado levante también la medida de extorsiones en nuestros territorios”, afirmó el alcalde.
La declaración no es menor. Reconocer la existencia de extorsiones sistemáticas implica admitir la presencia y el control territorial de un grupo armado ilegal, exactamente lo que el alcalde negó públicamente cuando el presidente Petro visitó Tierralta. La pregunta surge de inmediato: ¿por qué el alcalde negó esa realidad ante el jefe de Estado y el país entero?
¿A qué jugaba el mandatario Tierraltense en ese momento? ¿Estaba bajo presión? ¿Cumplía un mandado político o de otro tipo? ¿De quién y con qué propósito? Las versiones opuestas dejan un manto de duda sobre la transparencia y la coherencia del discurso oficial del gobierno municipal.
También resulta inevitable otro interrogante: si antes “no había Clan del Golfo” en Tierralta, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias el municipio se llenó de actores armados que hoy extorsionan a comerciantes, campesinos y ciudadanos? ¿O siempre estuvieron allí y se optó por negar lo evidente?
Lo ocurrido no solo debilita la credibilidad del alcalde Contreras, sino que revive el debate sobre la negación institucional del conflicto armado en los territorios, una práctica que históricamente ha dejado a las comunidades expuestas, silenciadas y sin protección real. En Tierralta, la distancia entre el discurso y la realidad ya no es un asunto político: es un problema de confianza pública y de responsabilidad frente a la seguridad de sus habitantes.