La reconocida periodista Amalfi Rosales denunció públicamente que integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían portando armas ilegales. Rosales relató que mientras se desplazaba con sus dos escoltas de Barranquilla a Riohacha, fueron detenidos en un retén rutinario en Mingueo. En ese momento, les solicitaron una requisa y la documentación de las armas, pero se descubrió que las armas no tenían documentación legal y que los hombres no estarían vinculados a la Unidad de Logística y Transporte (ULT), la cual es la encargada de prestar el servicio a la UNP.
Rosales, quien cuenta con un esquema de protección desde 2015 compuesto por dos hombres y un vehículo para este fin, ha venido denunciando reiteradamente estas irregularidades en la UNP. Sin embargo, expresó su frustración al afirmar que el director de la entidad no ha tomado acciones al respecto. “La corrupción no se está acabando, por el contrario, está aumentando”, agregó.
Estas acusaciones por parte de Rosales ponen de manifiesto la importancia de investigar y tomar medidas urgentes para garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de armas por parte de los funcionarios encargados de la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
