Diversas voces del sur de Córdoba han encendido las alarmas frente a la aspiración de Silvia Esther Ramos Reyes, a la Curul Especial de Paz, al considerar que su candidatura no representa de manera legítima a las víctimas ni a las organizaciones campesinas que, durante años, han cargado con el peso del conflicto armado en esta región del país.
De acuerdo con líderes sociales, analistas políticos y sectores de víctimas consultados, la postulación de Ramos Reyes sería una usurpación del espíritu de las Curules de Paz, creadas precisamente para garantizar la participación política de quienes han sufrido directamente la guerra y han construido procesos organizativos desde los territorios. “No se trata solo de una candidatura débil en liderazgo social, sino de una burla a las víctimas y de una operación política calculada para arrebatarles un espacio que les pertenece”, sostienen.
Sin trayectoria en procesos de víctimas
Las críticas apuntan a que Ramos Reyes no cuenta con un recorrido reconocido en liderazgo social, ni en organizaciones de víctimas o campesinas, a diferencia de otros aspirantes que llevan años defendiendo los derechos de estas comunidades en el sur de Córdoba y el San Jorge. Según estas fuentes, su aspiración no surge del dolor colectivo ni de la lucha territorial, sino de intereses ajenos a las bases sociales que deberían sustentar esta curul.
“Es la repetición de una estrategia conocida: poner una cara sin arraigo para esconder a los mismos de siempre”, señalan líderes comunitarios, quienes advierten que detrás de este tipo de candidaturas suelen operar sectores del poder político tradicional, algunos incluso con antecedentes cuestionados o cercanos a dinámicas de victimización, aunque sin aparecer públicamente.
Presuntos respaldos políticos y denuncias de prácticas irregulares
Distintas versiones señalan que detrás de la candidatura de Silvia Ramos Reyes estarían el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, el alcalde de Valencia (Córdoba), Ángel Suárez Martínez, Ramón Rubio, alcaldes de Puerto Libertador y Millo Cura, excandidatos a alcaldía de Montelíbano de municipios de la subregión del San Jorge. Estas alianzas, aseguran, reforzarían la tesis de que la Curul de Paz estaría siendo instrumentalizada por clanes y estructuras políticas locales.
Asimismo, líderes del sur de Córdoba denuncian que la campaña de Ramos Reyes habría presuntamente ofrecido recursos económicos a algunos líderes para asegurar apoyos electorales, replicando esquemas ya vistos en elecciones pasadas. Comparan este fenómeno con el caso de Leonor Palencia, quien, pese a no tener presencia territorial en el San Jorge, obtuvo una alta votación gracias ,según denuncias de la época, al respaldo de maquinarias políticas en municipios como Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador.
Temor a la repetición de viejas prácticas
Para las organizaciones de víctimas y sectores campesinos, el mayor riesgo es que las Curules de Paz terminen cooptadas por la politiquería, desnaturalizando un mecanismo clave del Acuerdo de Paz. “Los viejos zorros políticos manejan el dinero, las alianzas y hasta las dinámicas electorales de los municipios como la registraduría y hasta los magistrados del Consejo Electoral. El temor es que eso mismo esté ocurriendo, o vaya a ocurrir, con esta candidatura”, advierten.
Finalmente, las comunidades insisten en que la Curul de Paz debe permanecer en manos de quienes realmente representan al territorio, a las víctimas y a los campesinos, y no convertirse en un botín electoral al servicio de intereses ajenos a la reconciliación y la justicia social.