La situación de los líderes campesinos en el sur de Córdoba se ha vuelto cada vez más crítica, ya que son blanco constante de amenazas y agresiones por parte de grupos armados ilegales. Estos actores, que operan en la región, han señalado a reconocidos líderes campesinos como Arnobis Zapata y Cervelion Cogollo como «objetivos militares«, bajo la acusación de tener vínculos con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, estas afirmaciones resultan confusas y poco fundamentadas, ya que no se tiene conocimiento de presencia guerrillera activa en esta región.
Arnobis Zapata y Cervelion Cogollo, representantes de movimientoS campesinoS en Córdoba, llevan años trabajando en la defensa de los derechos de los campesinos y en la promoción del desarrollo rural, lo que les ha otorgado el respeto y el cariño de las comunidades campesinas. A pesar de esto, los grupos armados ilegales buscan justificar su hostigamiento presentándolos como líderes guerrilleros que supuestamente intentan infiltrarse en la región para controlar el territorio y sacarlos a ellos.
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió recientemente en la hacienda El Coco, en Montelíbano, donde un grupo armado casi asesina a un representante de una asociación campesina,al confundirlo con Cervelion Cogollo. Afortunadamente, algunas personas en el lugar identificaron al líder campesino antes de que fuera asesinado. Este incidente demuestra, cómo estos grupos ilegales actúan con total impunidad, poniendo en riesgo la vida de personas inocentes, sin que ninguna autoridad les controle.
Además, los campesinos han sido advertidos por estos grupos de no asociarse con Zapata y Cogollo, bajo la amenaza de ser considerados también objetivos militares. Estas amenazas han generado un clima de terror en las zonas rurales del sur de Córdoba, donde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ACSUCOR), y ASODECAS a las que pertenecen los líderes amenazados, se ha convertido en un blanco de los ilegales.
La situación de violencia y persecución en la región no solo afecta a los líderes campesinos, sino también a defensores de derechos humanos y otras organizaciones sociales que luchan por los derechos de las comunidades rurales. Grupos armados ilegales, que buscan control territorial y dominio sobre el narcotráfico, se presentan como fuerzas político-militares, pero en realidad operan como estructuras paramilitares al servicio del narcotráfico y el crimen organizado.
La creciente inseguridad en el sur de Córdoba exige la intervención urgente del Estado, tanto para proteger a los líderes sociales como para frenar la expansión de estos grupos armados, que continúan imponiendo su ley a costa del bienestar de las comunidades.