La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución del cargo y la inhabilidad por 12 años para ejercer funciones públicas contra Bairon Yovany Ávila Bernal, funcionario de la Alcaldía de La Apartada, dejando en firme un fallo que, al parecer, logró lo que, según algunos, era imposible: sostenerse jurídicamente desde la denuncia inicial hasta superar dos instancias disciplinarias.
Según la investigación disciplinaria, el funcionario intentó usar una hoja de vida con información ficticia para asegurar su ingreso al servicio público. Esta situación fue denunciada formalmente por el abogado Mairon David Mesa Viloria, lo que alertó al ente de control.
La Procuraduría calificó la conducta de Ávila Bernal como una falta gravísima y dolosa, lo que significa que fue un acto consciente y deliberado, no un error. Como resultado, el fallo ordena la destitución de su cargo y una inhabilidad general por 12 años para ejercer cualquier función pública. Esta sanción lo aparta del ámbito público por más de una década, una medida considerada proporcional al engaño cometido.
Durante el proceso, la estrategia defensiva insistió en deslegitimar la actuación del abogado denunciante, señalando que los hechos carecían de sustento. No obstante, el análisis disciplinario terminó contando otra historia: una en la que las pruebas sí fueron suficientes, los hechos sí existieron y la responsabilidad sí se configuró.
Porque claro, en el mundo de lo “infundado”, no es común que una investigación avance, se estructure un fallo de primera instancia y luego sea confirmado sin titubeos en segunda. Pero en este caso, la realidad volvió a ser un poco incómoda para el discurso.
Con esta decisión, no solo se cierra el debate jurídico sobre la responsabilidad del funcionario, sino que además se abre la puerta a su ejecución inmediata. Ahora, lo único que resta es la notificación formal a la administración municipal para que proceda a hacer efectiva la sanción, como corresponde en estos casos.
Y mientras algunos aún procesan cómo una denuncia “sin fundamento” terminó convertida en una sanción ejemplar, hay otro detalle que no pasa desapercibido: la Procuraduría no ha terminado.
Actualmente, el Ministerio Público adelanta investigaciones sobre otros funcionarios y contratos que también fueron denunciados por el mismo abogado Mairon David Mesa, lo que sugiere que este caso podría no ser un hecho aislado, sino apenas una pieza dentro de un panorama más amplio que aún está por esclarecerse.
Al final, más allá de las estrategias discursivas, este tipo de decisiones dejan una reflexión inevitable, la función pública no es un escenario para improvisar responsabilidades ni para minimizar denuncias incómodas. Cuando los hechos existen, las instituciones tarde o temprano, terminan hablándole claro a quienes creyeron que todo podía quedar en simples argumentos de defensa.