El comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, anunció la separación de sus cargos a 10 militares implicados en un delicado caso de intimidaciones a la comunidad de la vereda Bocas del Manso, Tierralta (Córdoba), ocurrido el pasado 11 de septiembre. La investigación de este caso ha sido asumida por la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la Procuraduría, marcando un paso importante en la búsqueda de justicia y transparencia.
El general Ospina Gutiérrez informó desde la ciudad de Montería que, en respuesta a los eventos ocurridos, había decidido retirar la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República a los 10 militares involucrados. Además, para los mandos, ordenó su separación del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, prohibiéndoles ejercer cualquier tipo de misiones de liderazgo operacional o de inteligencia militar.
El proceso se inició a raíz de las facultades establecidas por la Ley 1862 del 2017, cuando el Ejecutivo y el Segundo Comandante del Batallón con atribuciones disciplinarias tomaron acción y trasladaron el caso a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación. La Justicia Penal Militar comunicó el inicio de la investigación penal N. 298-J101IPM por el delito de abuso de autoridad especial.
El general Ospina Gutiérrez destacó que, al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia.
Las fuerzas militares expresaron su condena a esta conducta y afirmaron que el personal implicado fue reentrenado en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, y derecho operacional terrestre hace tan solo 48 días. El Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°11 avaló este proceso de formación.
Sin embargo, enfatizaron que los lamentables eventos no representan la educación impartida a los integrantes del Ejército Nacional en sus Escuelas de Formación, Capacitación, Entrenamiento y Reentrenamiento, ni tampoco están contemplados en la doctrina militar, que son los principios fundamentales que orientan la planeación, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones militares.
El Comando del Ejército Nacional reiteró su total disposición para atender los requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas con celeridad y diligencia, con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Asimismo, afirmaron su compromiso de acatar las decisiones judiciales y de los organismos de control que correspondan.
Este paso firme del Ejército Nacional demuestra su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos, reafirmando su postura de cero tolerancias ante la violación de los mismos. La sociedad y las autoridades vigilantes seguirán atentas al desarrollo de las investigaciones y las medidas disciplinarias que se adopten en este caso.
