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Grupo Aval llega a acuerdo con la justicia de Estados Unidos: Admite sobornos y pagará 60.5 millones de dólares

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En un importante desarrollo legal, el Grupo Aval, dirigido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha alcanzado un acuerdo con la justicia de Estados Unidos que implica la admisión de sobornos y el pago de una multa millonaria. La corporación se ha comprometido a no volver a pagar coimas para asegurarse contratos públicos, pero tendrá que entregar 60.5 millones de dólares y proporcionar una declaración detallada sobre los involucrados en los sobornos. Esta medida marca un hito en el proceso judicial que se asemeja a las circunstancias denunciadas previamente por Jorge Enrique Pizano antes de su misteriosa muerte en 2018.

El acuerdo, con implicaciones significativas para el Grupo Aval y su entorno empresarial, no marca el fin de los problemas judiciales y de absolución para la compañía. Más bien, representa el cierre de una negociación en la que la corporación de Sarmiento Angulo ha admitido haber distribuido 23 millones de dólares en sobornos, mientras que Odebrecht, otra empresa involucrada, también ha reconocido haber pagado 5 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos. Estos pagos tenían como objetivo asegurar la adjudicación del contrato de la vía Ocaña-Gamarra sin pasar por un proceso de licitación y para influir en los resultados de elecciones políticas.

La fiscalía y la Comisión de Valores de Estados Unidos anunciaron esta semana este acuerdo, pero no se trata del cierre definitivo de los problemas legales para el Grupo Aval. Aún queda por abordar el expediente abierto por la fiscalía de Meridian, que analizará en detalle el papel de los individuos involucrados en la compleja trama empresarial entre Odebrecht y el Grupo Aval. Esta investigación se centra en el respaldo de obras no ejecutadas que habrían sido utilizadas para justificar los pagos a funcionarios públicos y la financiación de campañas políticas de congresistas.

A través de un acuerdo de cese y desistimiento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha suspendido el proceso legal en contra del Grupo Aval. En contrapartida, la corporación se ha comprometido a abandonar la práctica de sobornar a funcionarios públicos colombianos para obtener contratos y a modificar sus códigos internos de conducta para prevenir futuras violaciones a la ley.

En un documento asociado al acuerdo con la Comisión de Valores, se establece que el Grupo Aval infringió las leyes estadounidenses al realizar pagos de sobornos y encubrir estos actos en su contabilidad presentada en la Bolsa de Nueva York. Se señala que el 24 de mayo de 2014, el gobierno aprobó desembolsos destinados a Odebrecht y al Grupo Aval por la extensión de la Ruta del Sol 2. Coincidentemente, en la misma fecha, Odebrecht se comprometió a financiar las campañas políticas de los promotores de dicho proyecto. El documento también indica que entre 2014 y 2016, las dos compañías pagaron un total de 28 millones de dólares a funcionarios públicos.

El acuerdo declaró culpable al Grupo Aval de dos violaciones a la ley. En primer lugar, por falsificar contratos para desviar fondos hacia los sobornos y, en segundo lugar, por incorporar declaraciones falsas en sus estados financieros. Como resultado de estas acciones delictivas, el Grupo Aval deberá abonar una multa de 40.3 millones de dólares. Sin embargo, el Departamento de Justicia aceptó reducirla a la mitad bajo la condición de que renuncie también a apelar la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en los próximos 10 días hábiles. Además, deberá pagar a la Comisión de Valores 32.139 millones de dólares como sanción por el manejo inadecuado de los registros contables y los intereses prejuzgatorios por 8.129 millones de dólares, sumando un total de 40.3 millones de dólares. Estas cifras, junto con los 20 mil dólares del Departamento de Justicia, culminarán en un desembolso total de 60.5 millones de dólares.

Este acuerdo legal no solo marca un capítulo crítico en la historia del Grupo Aval y sus relaciones empresariales, sino también destaca los esfuerzos en curso para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en los negocios y la política.

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