El diputado Gabriel Calle Agua fue el primero y hasta ahora el único dirigente político en pronunciarse frente a la suspensión provisional del decreto que fija el salario mínimo para 2026, una decisión que ha generado amplio debate en el país.

Para el asambleísta, la determinación judicial “no es un hecho aislado ni meramente técnico”, sino una señal de que el modelo actual de conformación y funcionamiento de las altas cortes en Colombia necesita una transformación profunda.

Calle Agua sostuvo que no puede normalizarse que decisiones que impactan directamente a millones de trabajadores queden en manos de organismos que, según señaló, son percibidos por amplios sectores como politizados y desconectados de la realidad social y productiva del país. “Cuando la justicia pierde sintonía con las necesidades urgentes de la ciudadanía, deja de ser un instrumento de equilibrio democrático y se convierte en un obstáculo para la justicia social”, afirmó.

El diputado reconoció que las altas cortes deben ejercer control constitucional y legal, pero insistió en que también deben actuar con sensibilidad institucional frente al contexto económico y social que atraviesa la nación. A su juicio, la legitimidad del sistema judicial no depende únicamente de su autonomía, sino también de su cercanía con el pueblo y de la transparencia en los mecanismos de elección de sus magistrados.

En ese sentido, propuso abrir una discusión nacional sobre una reforma estructural a la justicia que contemple: Mecanismos de elección más transparentes. Menor incidencia de cuotas políticas. Mayor rendición de cuentas. Un sistema judicial menos cerrado y más conectado con la ciudadanía.

Finalmente, el diputado subrayó que la democracia exige equilibrio entre los poderes públicos, pero también coherencia con el mandato popular y las urgencias sociales. “Si las instituciones no evolucionan al ritmo del país, corren el riesgo de perder legitimidad ante la ciudadanía”, concluyó.