El proceso de restitución de tierras continúa avanzando de manera significativa en el país. En el departamento de Nariño, se adelanta la restitución de más de 22.000 hectáreas al resguardo indígena Inga de Aponte, un paso fundamental para la reparación integral, la recuperación del territorio ancestral y la garantía de los derechos colectivos de esta comunidad.

De manera paralela, en los departamentos de Cauca y Antioquia, se desarrollan entregas de tierras y jornadas comunitarias que fortalecen los procesos organizativos, consolidan la justicia étnica y permiten transformar las decisiones judiciales en realidades tangibles para las comunidades indígenas y campesinas.

Trabajo articulado con enfoque en las víctimas

Estos avances se realizan en articulación con entidades como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz, con quienes se adelanta el seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales y se fortalece el trabajo conjunto para garantizar que las víctimas estén en el centro de la política pública.

El enfoque interinstitucional permite no solo avanzar en la restitución material de la tierra, sino también en la reconstrucción del tejido social, la protección de los derechos étnicos y la consolidación de una paz con justicia territorial para las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado.