Este 16 de octubre de 2024, se cumplen dos años del asesinato del periodista Rafael Moreno Gravito, director del medio digital Voces de Córdoba. Moreno fue asesinado por un sicario mientras se encontraba en su negocio, Rafo Parrilla, ubicado en la calle 4 del barrio 27 de julio, en Montelíbano, Córdoba. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación sigue estancada, con pocos avances por parte de la Fiscalía General de la Nación en la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Rafael Moreno: un periodista incómodo para el poder
Rafael Moreno se destacó por su incansable labor periodística, enfocada en denunciar casos de corrupción y malas prácticas en los sectores político y empresarial de la región. Su compromiso con la verdad le ganó tanto admiradores como enemigos poderosos. No obstante, el caso de su asesinato permanece casi en el olvido, provocando frustración entre familiares, colegas y defensores de la libertad de prensa.
Silencio e inacción de la Fiscalía
A pesar de los llamados a una investigación exhaustiva, los avances han sido escasos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el aparente desinterés del fiscal encargado de esclarecer el crimen. «El derecho a decir la verdad no debería costar la vida», afirmaba Moreno, una frase que hoy resuena con fuerza ante la falta de respuestas de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Existen rumores de que actores políticos han presionado para frenar las investigaciones. Versiones extraoficiales sugieren que altos funcionarios de la Fiscalía habrían recibido sobornos de intereses políticos para evitar una investigación a fondo. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas, la ausencia de avances en el caso ha alimentado las sospechas de un complot para silenciar a Moreno.
Medios internacionales exponen verdades ignoradas
En estos dos años, más de 28 medios de comunicación internacionales han trabajado para arrojar luz sobre el asesinato. Algunos, como Cuestión Pública, han revelado conexiones entre políticos y grupos armados ligados al narcotráfico, lo que habría motivado la decisión de asesinar a Moreno por sus denuncias.
Las investigaciones internacionales apuntan a que Moreno fue silenciado por exponer contratos millonarios y la explotación ilegal de recursos en el sur de Córdoba. La impunidad con la que operan estas redes, en complicidad con actores políticos, muestra el poder que enfrentaba el periodista. Como dijo Albert Camus: «El periodismo es libre o es una farsa», y el asesinato de Moreno es una clara manifestación de esta farsa, donde quienes deben garantizar justicia permanecen inmóviles a pesar que se ha dicho mucho sobre el caso, hasta este momento la fiscalía no ha abierto investigación contra nadie.
El poder mafioso en el sur de Córdoba
Organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian que en el sur de Córdoba, donde Rafael Moreno y otros periodistas realizaban sus investigaciones, los actores armados al servicio del narcotráfico ejercen una fuerte influencia política. Estos grupos financian campañas políticas y luego saquean los recursos públicos de esos municipios.
La región ha sido escenario de asesinatos de líderes políticos que no se alinean con los intereses de estos grupos. En muchos municipios, políticos han tenido que huir para no ser asesinados, lo que revela el poder mafioso que controla la zona, mientras el Estado guarda silencio.
El asesinato de Rafael Moreno ocurrió casi un año antes de las elecciones regionales. Moreno, junto a otros periodistas, estaba afectando intereses políticos relacionados con la corrupción en la región por la cual Rafael Moreno y los demás periodistas venian siendo amenazados de muerte. Investigadores coinciden en que esto fue un factor determinante en su asesinato, pues representaba un obstáculo para varios candidatos que ganaron elecciones hoy ocupan puestos publicos.

Impunidad y violencia en la región
El caso de Moreno no es el único. En la región del San Jorge, al sur de Córdoba, la impunidad es común. Un ejemplo es el asesinato de Heiner Fernando Jaraba Fernández, secretario de gobierno de La Apartada, quien fue encontrado degollado en un motel de Montelíbano. A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía no ha dado declaraciones y el proceso sigue en impunidad total. Parece que en esta región, asesinar a funcionarios, lideres sociales,politicos y periodistas se ha vuelto tan común, que hasta la justicia se queda en silencio, estática y hasta firma convenios con personajes acusados de tener nexos con actores armados.
Un grito de justicia silenciado
La inacción de la Fiscalía no solo deshonra la memoria de Rafael Moreno, sino que envía un mensaje aterrador a todos los periodistas que, como él, arriesgan sus vidas para exponer la verdad. El asesinato de Moreno es una dolorosa muestra de la vulnerabilidad de los periodistas en Colombia, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.
Este 16 de octubre, a dos años de su asesinato, colegas, familiares y defensores de la libertad de expresión alzan nuevamente sus voces para exigir justicia, aunque el manto de la impunidad siga cubriendo el caso. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo más será ignorada la verdad y cuándo la Fiscalía cumplirá con su deber?
