El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dijo que, el estado se dejó coger ventaja de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo. Ellos han demostrado su poder y su capacidad de paralizar varios departamentos de Colombia”.
Carlos Camargo Assis, recordó que, desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), entre 2017 y 2023 la Defensoría del Pueblo ha emitido 162 Alertas Tempranas que advierten riesgos por la presencia y el accionar de las AGC-Clan del Golfo en la mayor parte del territorio nacional. Aunque mantiene su hegemonía en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta, su poder expansivo se extiende a toda la Región Pacífica y la Región Caribe, incluso al Eje Cafetero, San Andrés y Bogotá.
“Nos preocupa de manera especial que sus dinámicas se asemejan a una holding del crimen, que maneja varias actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal; que tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión; y cuya estructura le permite tener mando y control para bloquear y paralizar la vida de las comunidades, como lo ha demostrado recientemente. En esa dinámica, no en todas las regiones se hace ver como AGC o Clan del Golfo, sino que opera a través de las organizaciones criminales locales cómo Los Boyacos’ en el caso de la capital del país”, aseguró el Defensor del Pueblo.
En ese sentido, Carlos Camargo Assis recordó que las AGC-Clan del Golfo y otros grupos armados han venido traicionando el anhelo de paz de los colombianos, como quedó evidenciado en el tercer boletín de seguimiento a dicho cese elaborado por la Defensoría del Pueblo.
“El Gobierno dio la mano y los grupos se han tomado el brazo. Por esto, la decisión del Presidente de la República de terminar el cese al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) también es un ultimátum para los demás grupos armados”, recalcó.
Es tal la capacidad expansiva de las AGC-Clan del Golfo que ha logrado arrinconar al ELN en el Chocó, e irlo llevando hacia el sur del departamento. En esa disputa territorial las más afectadas han sido las comunidades, que en el último año ha vivido permanentes fenómenos de desplazamiento forzado y confinamientos.
Durante 2022 se registraron un total de 33 eventos de desplazamiento forzado en Chocó, generados principalmente por las disputas entre el ELN y las AGC-Clan del Golfo, que afectaron a 20 comunidades indígenas, 13 afrocolombianas, un total de 1.235 familias y 4.380 personas. De la misma forma, se presentaron 95 confinamientos, de los cuales 70 fueron de población indígena, 25 afrocolombianos vulnerando a 7833 familias y 34114 personas.