La comunidad indígena Nuevo Montevideo, realizó un plantón pacífico en el sector conocido como Los Cholos,de la empresa minera Cerro Matoso, en el municipio de Montelíbano, Córdoba. Durante la manifestación, el gobernador indígena, Yojanis Corrales Oviedo, denunció la presunta existencia de al menos tres fosas comunes en la Hacienda El Botón, de donde esta comunidad fue despojada y donde creen que podrían estar los restos de sus familiares desaparecidos.
Según la denuncia de la comunidad, las fosas contendrían víctimas de los paramilitares conocidos como alias Macaco y alias El Maestrico, quienes habrían usado esta finca como un centro de exterminio cuando los indígenas fueron despojados por estos grupos armados y, posteriormente, por Cerro Matoso. Actualmente, la propiedad, ubicada en jurisdicción de Puerto Libertador, está en disputa entre los indígenas y la multinacional minera.
Hallazgos de motocicletas en represas
Los manifestantes también revelaron otro hecho impactante, en la hacienda existen represas donde habrían sido arrojadas motocicletas que pertenecían a las víctimas. Según el gobernador Corrales Oviedo, recientemente, miembros de la comunidad que pescaban en el sector encontraron una motocicleta que se enredó en una atarraya, lo que refuerza su teoría de que el lugar fue utilizado como un cementerio clandestino.
«Se escucha decir que los paramilitares tenían un caimán al cual le echaban a los muertos para que se los comiera», afirmó el líder indígena, al señalar el terror que se vivió en la zona durante la época del conflicto armado.

Exigen justicia y cumplimiento de acuerdos
El gobernador Corrales Oviedo hizo un llamado urgente a las autoridades para que investiguen estos hallazgos y se garantice justicia para las víctimas. Además, exigió que Cerro Matoso cumpla con los compromisos adquiridos con la comunidad, ya que, según él, fueron desplazados de sus tierras y ahora son señalados de invasores y delincuentes.
El líder indígena también denunció agresiones por parte de la Fuerza Pública y expresó su temor de ser silenciado por denunciar estos hechos. «Tememos que nos asesinen por exigir nuestros derechos», sentenció Corrales Oviedo.
La comunidad espera que organismos de derechos humanos y la justicia tomen cartas en el asunto para esclarecer la situación de las presuntas fosas comunes y garantizar la protección de los líderes indígenas.
