Sin embargo, el gobierno ha insistido en que la lucha contra la minería ilegal es una prioridad y que la destrucción de estas máquinas es necesaria para detener esta actividad ilegal.

Montería. El presidente Gustavo Petro, ha respondido a la petición de los mineros que están protestando en la zona del Bajo Cauca sobre la derogación del decreto que permite a las fuerzas armadas destruir la maquinaria utilizada en minería ilegal en la región.

Petro ha señalado que las dragas de la minería ilegal no son propiedad de los pequeños mineros, si no que son empleados por poderosas economías ilegales que financian grupos armado.

El presidente ha enfatizado que, si estas agrupaciones quieren la paz, deben sabe que esta no puede ser alcanzada a través de economías ilegales.

Petro ha reiterado que la pequeña minería en el Bajo Cauca será protegida por e Gobierno Nacional, y que para ello están trabajando junto al Ministerio de Minas en la modificación del código minero.

Las protestas que se han vuelto violentas en la zona del Bajo Cauca, especialmente en el municipio de Caucasia, tienen su origen en el malestar de los mineros que aseguran estar siendo perseguidos por las fuerzas del orden en su lucha contra la minería ilegal.

Los voceros de las movilizaciones y los bloqueos han reiterado su solicitud al gobierno de qu las dragas máquinas usada en minería en esta zona de país no sean destruidas.

Los mineros aseguran que estas máquinas son su única fuente de sustento y que la destrucción de estas dejaría a miles de personas sin trabajo.

Sin embargo, el gobierno ha insistido en que la lucha contra la minería ilegal es una prioridad y que la destrucción de estas máquinas es necesaria para detener esta actividad ilegal y proteger el medio ambiente.

La situación en el Bajo Cauca continúa siendo tensa y se espera que el gobierno y los mineros encuentren una solución que permita proteger tanto la pequeña minería como el medio ambiente.

La modificación del código minero es un paso importante en esta dirección, y se espera que el gobierno trabaje en colaboración con los mineros para encontrar una solución que beneficie a ambas partes.