Una acusación que no puede ser ignorada
Por estos días, la política colombiana ha sumado un nuevo capítulo de tensión y desconcierto. El protagonista esta vez no es una denuncia judicial ni una controversia legislativa, sino una carta. Una misiva de cuatro páginas firmada por el excanciller Álvaro Leyva, dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, y cargada de alusiones personales, preocupaciones institucionales y, sobre todo, acusaciones graves.
Leyva afirma haber sido testigo directo de episodios que indicarían un problema de drogadicción del jefe de Estado. Hace referencia a situaciones incómodas durante visitas oficiales, retrasos, desapariciones, incoherencias en el discurso y decisiones erráticas. Incluso recuerda un episodio en París, donde –según él– se confirmó el problema de adicción del presidente. Más allá del tono literario con el que inicia su carta, el contenido central es claro y preocupante.
Una acusación de esta magnitud no puede pasar desapercibida en una democracia. No se trata de un rumor de pasillo ni de una filtración anónima; es una declaración formal, firmada, de quien fue uno de los hombres más cercanos a Petro en la Cancillería. En su misiva, Leyva no solo revela su desconcierto y su pesar por no haber intervenido a tiempo, sino que describe patrones de conducta que, de ser ciertos, afectarían el ejercicio del poder presidencial.
Aquí no hay espacio para el silencio. El presidente Gustavo Petro debe responder con la altura que el cargo le exige. Primero, porque la ciudadanía merece claridad sobre la salud física y mental de quien dirige la Nación. Segundo, porque los opositores políticos —que ya no necesitan buscar nuevas municiones— han encontrado en esta carta un elemento para cuestionar su gobernabilidad. Y tercero, porque el país está en una encrucijada: necesita estabilidad institucional, no más incertidumbre.
Si lo dicho por Álvaro Leyva es falso, el presidente tiene la obligación de desmentirlo públicamente con pruebas y, si es necesario, iniciar acciones legales por calumnia. Pero si, en cambio, hay algo de verdad en estas palabras, el camino más digno y honesto sería reconocerlo, buscar ayuda profesional y permitir que se activen los mecanismos constitucionales que garantizan la continuidad del Estado por encima de cualquier figura.
No se trata de perseguir ni de juzgar moralmente. Se trata de proteger la salud de la democracia. Las instituciones no pueden tambalearse por decisiones tomadas en momentos de lucidez dudosa. La transparencia, en este punto, no es una opción: es una obligación.
Colombia no puede darse el lujo de ignorar esta carta.