Si existen investigaciones por la campaña política de Iván Cepeda y de la exministra Carolina Corcho, la pregunta que surge con fuerza en la opinión pública es inevitable: ¿por qué no hay una indagación exhaustiva y transparente contra otros personajes que también están en plena actividad proselitista con miras a la Presidencia de la República?

Hoy es evidente que figuras como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Sergio Fajardo, Daniel Quintero, entre otros, vienen adelantando una intensa agenda política, mediática y territorial. Discursos, giras, eventos, publicidad en redes sociales y presencia permanente en la opinión pública hacen parte de una estrategia que, en la práctica, se asemeja mucho a una campaña presidencial anticipada. Sin embargo, sobre el origen de los recursos que financian estas actividades poco o nada se dice.

La equidad democrática exige reglas claras y, sobre todo, una aplicación imparcial de la ley. No es sano que ciertos sectores políticos, entre ellos la oposición,  permitan a los organismos de control actuar con lupa sobre algunos candidatos,  mientras guardan silencio frente a otros. Esa percepción de selectividad no solo debilita la confianza ciudadana, sino que alimenta la idea de que la justicia se mueve al ritmo de conveniencias políticas.

Si el debate es la legalidad de la financiación, los topes de gasto, el uso anticipado de propaganda o la violación de las normas electorales, o en el caso de Ivan Cepeda si se está haciendo campaña con recursos publícos,, entonces el principio básico debe ser uno solo, investigar a todos por igual. No puede haber ciudadanos ni candidatos de primera y de segunda categoría frente a la ley.

Colombia necesita transparencia, pero también coherencia. Investigar únicamente a un candidato presidencial y a su fórmula, mientras otros recorren el país y despliegan costosas estrategias políticas sin mayor escrutinio, no es justicia, es desequilibrio. Lo justo, lo democrático y lo institucionalmente correcto, es que se investigue a todos los aspirantes que hoy actúan como candidatos presidenciales, sin excepción. Solo así se garantiza un terreno electoral limpio y una verdadera igualdad de condiciones en la carrera hacia la Casa de Nariño.