El presidente del Concejo Municipal de Montelíbano, Yanilson Romero, junto con el concejal Rafael Álvarez, defendieron la decisión de la Comisión Segunda de Presupuesto de rendir ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo No. 013, al considerar que contenía inconsistencias jurídicas y no cumplía con los requisitos exigidos para autorizar un eventual empréstito al municipio.

Romero explicó que el proyecto fue presentado por el alcalde Gabriel Calle Deagua, durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, junto con otras dos iniciativas. La Comisión Segunda, integrada por los concejales Luis Miguel González, Rafael Álvarez, Karen Bravo, William Cura y el propio Yanilson Romero, asumió el estudio de la propuesta.

Según el presidente de la corporación, durante el análisis encontraron que el proyecto carecía del principio de unidad de materia, establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, ya que el título hacía referencia únicamente a facultades para celebrar contratos y convenios, mientras que en su articulado se incluían disposiciones relacionadas con la autorización para celebrar un empréstito.

Romero señaló además que el alcalde, en su calidad de representante legal del municipio, ya cuenta con facultades para celebrar contratos y convenios, conforme a las funciones previstas en el artículo 315 de la Constitución Política, por lo que consideró innecesaria la autorización solicitada en ese aspecto.

De acuerdo con el presidente del Concejo, la principal preocupación surgió al encontrar que el articulado incluía la palabra «empréstito» sin precisar aspectos fundamentales como el monto del crédito, la destinación de los recursos, el plazo de pago, las condiciones financieras y el impacto sobre las finanzas del municipio.

«Autorizar un empréstito sin conocer su cuantía, destino o forma de pago sería otorgar facultades abiertas que podrían comprometer el patrimonio del municipio», sostuvo Romero, quien afirmó que esas omisiones motivaron la ponencia negativa presentada ante la Comisión Segunda.

Comisión asegura que la decisión fue unánime

Por su parte, el concejal Rafael Álvarez aclaró que la decisión de negar el proyecto fue adoptada por unanimidad de los cinco integrantes de la Comisión Segunda y no únicamente por tres concejales, como según afirmó, fue publicado por algunos medios de comunicación.

Álvarez precisó que, además de él, Luis Miguel González y Yanilson Romero, también votaron negativamente los concejales Karen Bravo y William Cura.

El cabildante aseguró que la negativa no obedeció a una oposición contra la administración municipal ni contra programas de vivienda para la población vulnerable, sino a la obligación legal de ejercer control político y proteger las finanzas públicas.

Según explicó, el proyecto no especificaba el valor del eventual empréstito, la entidad financiera con la que se contrataría el crédito ni la población que sería beneficiada, requisitos que, a su juicio, son indispensables para que el Concejo pueda evaluar una autorización de endeudamiento.

Asimismo, manifestó que el documento contemplaba otorgar facultades al alcalde por un año, situación que, según su interpretación, también presentaba reparos de carácter constitucional.

Piden rectificación por información difundida

Los concejales también cuestionaron publicaciones de algunos medios de comunicación que, según afirmaron, señalaron que el Concejo habría impedido la aprobación de un supuesto crédito por 30.000 millones de pesos destinado a programas de vivienda.

Romero y Álvarez sostuvieron que dicha cifra no aparece consignada en el Proyecto de Acuerdo No. 013 y anunciaron que solicitaron formalmente la rectificación de esas publicaciones al considerar que contienen información inexacta.

Finalmente, los corporados insistieron en que el Concejo no se opone a iniciativas de vivienda ni al desarrollo del municipio, pero recalcaron que cualquier autorización para contratar un empréstito debe cumplir con los requisitos legales, contener información completa sobre el monto, destino y condiciones del crédito y garantizar la protección del patrimonio público.