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Autoridades indígenas de San Matia y San Pedro denuncian estrategia mal intencionada de Minerales Córdoba

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En un comunicado de prensa emitido por las autoridades indígenas de San Matia y San Pedro, en Puerto Libertador, Córdoba, se denuncia una estrategia de desinformación por parte de la empresa Minerales Córdoba, la cual estaría presionando a las comunidades para hacerlas ver como responsables de los problemas que se presentan por suspensión de operaciones de dicha empresa en ese sector.

Las comunidades indígenas afirman que Minerales Córdoba, está tratando de hacer ver a la parcialidad indígena Zenú como culpable de la suspensión de las operaciones en el proyecto el Alacrán , en la mina del Alacrán, desviando así la atención de las responsabilidades reales. Además, los indígenas  lo que  reclaman es que se reabra  la consulta previa por parte de la empresa con las comunidades étnicas afectadas, que es obligatorio por ley.

El comunicado de prensa de los indígenas,también hace referencia a un reciente plantón llevado a cabo por mineros de la mina del Alacrán, trabajadores y ex trabajadores de la empresa cobre Minerales Córdoba, así como juntas de acción comunal. Las autoridades indígenas señalan que no fueron notificadas de esta actividad y denuncian intentos de confrontación por parte de los manifestantes.

Plantón de mineros y trabajadores de la mina del Alacrán y veredas circunvecinas, en el lugar donde los indígenas hacen el control territorial 

En este contexto, las autoridades indígenas reiteran la necesidad de la presencia del Gobierno nacional, incluyendo al Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, la ANLA, y Minerales Córdoba,, para resolver la situación que se presenta  por la falta de consulta previa y el reasentamiento entre los cabildos indígenas y Minerales Córdoba. Las comunidades indígenas afirman en el comunicado, que  están abiertas al diálogo, pero exigen el respeto a sus derechos y territorios ancestrales.

Las comunidades indígenas hacen un llamado a la opinión pública y a las autoridades competentes para que se atienda su reclamo y se garantice el respeto a sus derechos y dignidad en el desarrollo de actividades mineras en la región.

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