La comunidad indígena de Montevideo, asentada en la finca El Botón, en  zona rural de Puerto Libertador, Córdoba, ha denunciado presuntos abusos cometidos por la SIJIN de la Policía de Montelíbano tras cumplir una orden de desalojo . Según el reporte de los afectados y defensores de derechos humanos, los hechos habrían dejado más de 240 viviendas destruidas, un vehículos la unidad nacional de protección con fuertes dañados, y un herido de gravedad que actualmente lucha por su vida en una clínica de Caucasia  Antioquia.

El presunto atropello por hombres de de la sijin y   uniformados del distrito de policía número 5  de Montelíbano, ocurrió en las primeras horas de la noche del pasado viernes 29 de noviembre, a la orilla de la vía que conecta a Montelíbano y Puerto Libertador, hasta donde llegaron preguntando por el Gobernador Indigena Yojanis Corrales, por Nilson Guerra y Por la defensora de derechos humano Adriana Gandía, al no encontrarlos procedieron a golpear ya maltratar  al propietario de la vivienda hasta dejarlo por  muerto. Esta persona se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Caucasia 

Como si fuera poco, los hombres de la Sijin al no encontrar a las personas que buscaban, procedieron a dañar un vehículo de la Unidad de Protección Nacional, el cual está asignado al esquema de seguridad de Nelson Guerra , una de las personas que estaba buscando la Sijin. Al vehículo le rompieron las llantas, le rompieron los retrovisores, lo robaron y golpearon con piedra.

Además, varías motos que habían en esa vivienda las dañaron, incluso, intentaron incendiarlas.  

Los habitantes denuncian que el día que entraron kos uniformados al desalojo y a derribar las vivienda de los indígenas, hubo  saqueos y robo de pertenencias personales y productos de varias tiendas de esa comunidad. Frente a esta situación, la comunidad exige justicia y un alto a las vulneraciones de sus derechos fundamentales, haciendo un llamado urgente a las autoridades nacionales e internacionales para que se investigue lo ocurrido y se proteja la integridad de sus miembros.

De igual forma, los indígenas reportan que hasta el momento ninguna ente de control, como personería municipal, defensoría del Pueblo, fiscalía, procuraduría , contraloría ni defensores de derechos humanos se han pronunciado ni han llegado hasta el lugar para conocer la situación.