Antes de abordar el informe sobre las acciones legales emprendidas por los representantes de la Comunidad Indígena Zenú Montevideo, es fundamental hacer un recuento de los antecedentes que originaron el conflicto con la empresa Cerro Matoso S.A.
El problema se remonta al año 2004, cuando, mediante escritura pública No. 10 del 17 de enero, protocolizada en la Notaría Única de Montelíbano y registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Ayapel, bajo la matrícula inmobiliaria No. 141-25301, la Fundación San Isidro de Cerro Matoso S.A. adquirió el predio denominado El Castillo. Este terreno, ubicado en la zona rural de la vereda Montevideo, del municipio de Puerto Libertador, tiene un área de 33 hectáreas y 5.414 metros cuadrados.
Posteriormente, el predio fue dividido en 32 lotes, con un promedio de 9 hectáreas cada uno, que la Fundación San Isidro donó a las 32 familias que habitaban en los terrenos conocidos como El Botón, según la Escritura Pública No. 153 del 25 de mayo de 2012, protocolizada en la Notaría Única del Círculo de Puerto Libertador. Sin embargo, desde su reubicación en 2004, hasta la legalización en 2012, surgieron interrogantes sobre los motivos detrás de este prolongado lapso de ocho años.
En 2024, la situación se agravó cuando la comunidad Zenú Montevideo descubrió que, desde 2015, los dueños originales del predio habían solicitado su restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras bajo el registro No. 2151231121151001. Este hecho, combinado con amenazas recibidas el 4 de julio de 2024, obligó a la comunidad a desplazarse nuevamente el 8 de julio hacia las haciendas El Botón y El Carbón.
A raíz de esto, Cerro Matoso S.A. interpuso un proceso policivo de perturbación por ocupación de hecho para recuperar la posesión del predio. El trámite inició el 17 de julio de 2024 y culminó el 1 de agosto con una orden de la Inspección de Policía de Puerto Libertador para amparar los derechos de la empresa. Posteriormente, se fijó el 26 de noviembre como fecha de desalojo.
Acciones legales emprendidas por la comunidad:
Ante estos hechos, los representantes de la Comunidad Indígena Zenú Montevideo han tomado las siguientes medidas legales:
- Querella administrativa: Radicada el 20 de agosto de 2024 ante la Procuraduría Provincial de Asuntos Étnicos de Córdoba, denunciando omisión en la atención a la comunidad desplazada.
- Entrega de listado: Presentado el 11 de diciembre de 2024 ante la Personería Municipal de Puerto Libertador para identificar a las personas desplazadas, conforme a la Ley 1448 de 2011.
- Solicitud de mesas de diálogo: Solicitada el 2 de diciembre de 2024 al Secretario de Gobierno Departamental para resolver el conflicto territorial.
- Denuncia ante el Congreso: Presentada el 30 de noviembre de 2024, exponiendo extralimitación de funciones por parte de la Policía Nacional.
- Petición a la Defensoría del Pueblo: Realizada el 20 de agosto de 2024, exigiendo acciones concretas para proteger a la comunidad desplazada.
- Tutelas: Interpuestas en los juzgados de Puerto Libertador y Montelíbano, solicitando protección de derechos fundamentales como el debido proceso, el territorio, y la diversidad étnica y cultural.
La comunidad Zenú Montevideo continúa luchando por el reconocimiento de sus derechos, exigiendo un plan integral que garantice su estabilidad y acceso a una vivienda digna, mientras el conflicto sigue siendo un tema de alta sensibilidad en la región.