El alcalde de Puerto Libertador, Ramón Rubio, se encuentra en el ojo del huracán luego de que surgieran acusaciones sobre el posible uso indebido de recursos municipales para financiar su defensa jurídica en medio de una demanda de nulidad electoral.
Rubio enfrenta la controversia tras la firma de un contrato por más de 140 millones de pesos con Joaquín Felipe Negrete Sepúlveda, padre de su abogado defensor, para servicios de asesoría en temas de asuntos mineros. Esta acción ha despertado serias dudas sobre un presunto conflicto de interés, considerando la relación familiar entre el contratista y el representante legal del alcalde.
La comunidad de Puerto Libertador levanta la voz ante lo que consideran un posible mal uso de los recursos del municipio, señalando la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer si realmente se está velando por los intereses de la ciudadanía. La transparencia y legalidad de esta operación han sido cuestionadas, recordando la máxima de San Pío X: «Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie».
Esta comunidad cuestiona que porque habiendo tanto abogado en la región, precisamente contratan al papá del abogado defensor del alcalde Ramon Rubio.
Según expertos en la materia, este contrato parece innecesario dado que ya se cuenta con un abogado especializado en el campo de la minería. Las responsabilidades que el municipio debería asumir en materia minera son limitadas, ya que la mayoría de estas competencias recaen en el Ministerio de Minas y Energía y en la Agencia Nacional de Minería.
Lo que suscita sospechas en la comunidad es el monto económico por el cual se contrató a Joaquín Felipe Negrete Sepúlveda. El abogado contratado el año pasado prestaba sus servicios por 80 millones de pesos, lo que significa una diferencia de 60 millones de pesos en el contrato actual.
Es necesario que se tomen medidas para garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera responsable y en beneficio de la comunidad. La cpmunidad de Puerto Libertador merece respuestas claras sobre el uso de sus recursos y la conducta ética de sus representantes.