En la vereda Pueblo Cojo, del municipio de Montelíbano, Córdoba, la comunidad enfrenta un nuevo episodio de desplazamiento forzado, esta vez a manos de un terrateniente que reclama como suyos los terrenos donde se estaba ubicada la escuela y las viviendas del caserío. Los habitantes, que ya habían sufrido el desarraigo durante los años de violencia que azotaron esa vereda, regresaron con la esperanza de reconstruir sus vidas, pero se encontraron con que el administrador de la hacienda Brasilia, quien al parecer es hemano del dueño de la finca que está preso en Estados Unidos, había ocupado arbitrariamente las parcelas y solares de esta vereda.

Este hacendado no solo ha impedido que las familias retornen a sus hogares, sino que también ha derrumbado la escuela de la vereda, alegando que el terreno le pertenece y que puede hacer lo que desee con él. Esta acción ha dejado a los niños, niñas y adolescentes sin acceso a la educación, un derecho universal que no debería ser vulnerado bajo ninguna circunstancia.

Los pocos habitantes que han logrado permanecer en Pueblo Cojo, hacen un llamado urgente a la administración municipal de Montelíbano, a la oficina de planeación, a la oficina de educación municipal y departamental, así como a la Gobernación de Córdoba y al Ministerio de Educación Nacional. Exigen una intervención inmediata que garantice sus derechos y que detenga la desaparición de su caserío por las acciones de un terrateniente arbitrario que le ha declarado la guerra a esta comunidad que solo quiere vivir en paz.

Miembros de la comunidad de Pueblo Cojo, cuando se comunicaron con Conexión noticias para denunciar  y hacer pública la difícil situación que están enfrentando nuevamente, afirmando que no saben qué hacer ya que también sienten miedo por posibles retaliaciones del administrador de la Hacienda Brasilia .

La situación en Pueblo Cojo no solo amenaza con borrar el pasado y la identidad de una comunidad, sino que también pone en riesgo el futuro de sus más jóvenes al privarlos de su derecho a la educación. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y evitar que este acto de despojo y violación de derechos quede impune.