Líderes comunales de Puerto Libertador, Córdoba, han denunciado irregularidades en el contrato 089 de 2024, suscrito por la alcaldía de este municipio para la limpieza de arroyos y canales de aguas lluvias. El contrato tenía como objetivo intervenir las quebradas La Zumbadora, hasta la desembocadura del río San Jorge, en el corregimiento Juan José, y recuperar aguas negras y pluviales en sectores como La Gotera, El Guajiro, El Palmira, San José, La Unión, Camilo Jiménez, Morrocoy, San Pedro, y la quebrada Lucas, desde el puente en la vía principal hasta su desembocadura en el río San Pedro.
Este contrato, con un valor de 1.226 millones de pesos, fue firmado entre la alcaldesa Camila Zúñiga Perea, en representación del municipio, y el contratista Hugo Fernando Osorio Díaz. Según declaraciones de los líderes comunales, el contratista realizó un mantenimiento muy mínimo y en algunos sectores no se cumplió con la limpieza de las quebradas, los arroyos y canales mencionados. A pesar de ello, el contrato fue entregado y cancelado en su totalidad.
La preocupación de la comunidad se incrementa debido a que este no es el único contrato en cuestión. Otro caso señalado es el contrato destinado a fortalecer las capacidades de estudiantes de grado 11 en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Este acuerdo, con un valor de 180 millones de pesos, tenía un plazo de ejecución de 15 días y fue firmado el 12 de diciembre de 2024, coincidiendo con las vacaciones escolares, lo que ha generado dudas sobre su implementación real.
Otro contrato bajo cuestionamiento es el de la restauración y recuperación ecológica de la quebrada El Café y la cuenca del río San Jorge, en el corregimiento de Pica Pica Viejo. Este contrato tiene un costo de 782 millones de pesos, es una quebrada pequeña que en el verano se seca, debido a poca agua. La quebrada El Café, cruza por la finca de Rosenber De La Ossa, funcionario de la Alcaldía de Puerto Libertador, quien, según los denunciantes, sería el encargado de certificar el mantenimiento contratado por la administración municipal.
Otro propietario de una finca por donde pasa la quebrada El Café, asegura que el contratista nunca ha visitado la zona y que no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento o recuperación en dicho afluente en lo que concierne a su predio.
Otro contrato cuestionado es el del mantenimiento de vías rurales por un valor de más de 3.500 millones de pesos y según las comunidades rurales en el tramo La Rica Juan José y otros tramos más, nunca llegaron los contratistas a arreglar la vía. Este contrato fue finalizado y cancelado en su totalidad, sin que se vieran las adecuaciones en dichas vías como lo rezaba el contrato.
La comunidad exige a las autoridades y a los entes de control que investiguen estos hechos y solicitan a la alcaldía, bajo la dirección de Camila Zúñiga Perea, que brinde explicaciones claras sobre los contratos cuestionados. Puerto Libertador se encuentra actualmente bajo el escrutinio de los órganos de control, debido a múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos, además de la suspensión de su alcalde electo por presunta doble militancia.