El candidato presidencial Santiago Botero ha desatado una ola de controversia al proponer medidas extremas para contrarrestar la violencia y el orden público en el país. Durante su intervención en el debate de la convención de Asobancaria en Cartagena, Botero afirmó que, de llegar a la presidencia, implementaría una política de «dar de baja» a manifestantes y a estudiantes de universidades que protesten encapuchados.

La declaración del aspirante a la Casa de Nariño se enmarca en un planteamiento sobre la ineficacia del sistema judicial y carcelario colombiano. «Mientras no tengamos cárceles ni justicia eficaz, hay que darles de baja», sentenció Botero, generando un debate inmediato sobre la legalidad y los derechos humanos en el contexto de la protesta social.

Implicaciones Legales y Democráticas

Las afirmaciones de Santiago Botero abren un profundo interrogante sobre el respeto al derecho a la protesta pacífica, garantizado por la Constitución Política de Colombia. Expertos en derecho constitucional y defensores de derechos humanos ya han expresado su preocupación, señalando que una propuesta de esta naturaleza iría en contravía de los principios democráticos y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

La posibilidad de que un mandatario proponga el uso de fuerza letal contra ciudadanos que ejerzan su derecho a la manifestación, incluso si esta se torna violenta o si los participantes ocultan su identidad, genera alarma sobre el posible escalamiento de la violencia y la criminalización de la protesta. El debate sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y las alternativas para manejar el desorden público sin recurrir a medidas extremas se intensifica a raíz de estas declaraciones. La sociedad colombiana, acostumbrada a la polarización, ahora se enfrenta a una propuesta que eleva el tono del debate sobre seguridad y justicia.