Lo que está ocurriendo actualmente en Cerro Matoso no puede ser visto simplemente como un problema empresarial relacionado con el suministro de gas. Detrás de la suspensión de contratos anunciada por la compañía hay cientos de trabajadores y miles de familias que hoy enfrentan incertidumbre sobre su futuro económico.

El pasado 30 de julio de 2026, Cerro Matoso comunicó a numerosos trabajadores la suspensión de sus contratos laborales, argumentando como fundamento el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito.

La decisión genera una pregunta que debe ser respondida con claridad, ¿realmente estamos ante una situación de fuerza mayor que haga imposible continuar con los contratos laborales o estamos frente a una decisión empresarial que está siendo sustentada en una causal que podría no corresponder a la realidad del caso?

La pregunta es legítima, especialmente porque la propia comunicación de Cerro Matoso, entrega elementos que permiten reconstruir el origen de la actual crisis. Una situación que no apareció de la noche a la mañana y uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el requisito de la imprevisibilidad.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, entre otros aspectos, que para que pueda configurarse una situación de fuerza mayor deben analizarse elementos como la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la inimputabilidad.

Pero, ¿qué tan imprevisible era la situación que hoy enfrenta Cerro Matoso?. De acuerdo con la propia comunicación enviada por la empresa el 30 de julio, Canacol inició un proceso de reestructuración el 18 de noviembre de 2025. Posteriormente, el 28 de abril de 2026, Canacol habría presentado una solicitud de terminación anticipada del contrato y, desde febrero de este año, comenzó a reducir progresivamente los volúmenes de gas entregados a Cerro Matoso.

Es decir, el problema no apareció de un momento para otro. La empresa conocía desde meses atrás que existían dificultades con el suministro de gas. Y si esa situación era conocida y venía evolucionando desde noviembre del año pasado, corresponde preguntarse si realmente puede calificarse como un hecho imprevisible.

No se trata de una afirmación caprichosa. Son circunstancias que aparecen relacionadas en la propia comunicación de la compañía.

¿Realmente no había alternativas?

El segundo elemento que merece ser analizado es el de la irresistibilidad. Y nuevamente aparece un punto que genera interrogantes. En el mismo comunicado del 30 de julio, Cerro Matoso reconoce que, frente a la situación presentada, la compañía, a través de su comercializador, ha procurado obtener el gas necesario mediante otras fuentes.

Esto significa que existían gestiones para buscar alternativas y garantizar el suministro. Si la compañía estaba buscando otros proveedores, entonces resulta necesario establecer si la situación era realmente irresistible o si existían mecanismos que podían ser utilizados para evitar o disminuir sus efectos sobre la operación y, especialmente, sobre los trabajadores.

Por eso, aquí no basta con decir que no hay gas y que, como consecuencia, deben suspenderse contratos. Hay que explicar qué alternativas se buscaron, cuáles fueron descartadas, por qué no funcionaron y qué hizo la empresa antes de tomar la decisión que hoy afecta a sus trabajadores.

¿Un problema de gas o una disputa empresarial?

Otro aspecto que merece especial atención es la relación contractual entre Cerro Matoso y Canacol. Si el origen del problema está relacionado con las condiciones económicas y contractuales entre ambas compañías, entonces también debe analizarse si la causal utilizada para suspender los contratos laborales es la que corresponde jurídicamente.

Aquí aparece una discusión de fondo.

El numeral primero del artículo 51 contempla la fuerza mayor o caso fortuito como causal de suspensión del contrato. Pero existen otras circunstancias previstas en la legislación laboral que tienen procedimientos diferentes y que, dependiendo del caso, pueden requerir la intervención o autorización del Ministerio del Trabajo.

Por eso resulta indispensable que la autoridad laboral examine la situación y determine si la causal invocada por Cerro Matoso se ajusta realmente a las circunstancias que originaron la suspensión.

**No puede ser la empresa la única que interprete la ley cuando están en juego cientos de puestos de trabajo. **Trabajadores enviados a sus casas, pero con obligaciones que siguen llegando

Según lo comunicado por Cerro Matoso, los trabajadores fueron notificados el 30 de julio de que sus contratos serían suspendidos a partir del 1 de agosto.

La empresa mantiene durante la suspensión determinadas obligaciones relacionadas con la seguridad social, pero existe una realidad que no puede desconocerse, los trabajadores siguen teniendo que pagar arriendo, alimentación, servicios públicos, educación de sus hijos y todas las demás obligaciones de una familia y no se están ganando un centavo.

La suspensión de un contrato no significa la suspensión de la vida, las facturas continúan llegando, los hijos continúan estudiando, los hogares continúan necesitando alimentación. Y los trabajadores siguen teniendo responsabilidades económicas que no desaparecen porque la empresa haya decidido suspender temporalmente sus contratos.

Además, estamos hablando de personas que durante años han entregado su trabajo y esfuerzo a Cerro Matoso y que, como ocurre con muchos trabajadores de este sector, han enfrentado condiciones laborales exigentes y afectaciones que han impactado su bienestar y principalmente su salud, hoy están sin trabajo y enfermos .

El problema no termina en los trabajadores directos

Hablar solamente de los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos sería quedarse corto. El impacto alcanza a sus familias y también a toda la economía que gira alrededor de Cerro Matoso. Se habla de alrededor de 170 trabajadores o más, además de unos 400 trabajadores indirectos, pero detrás de esas cifras puede existir una población cercana a 10.000 personas afectadas directa o indirectamente, si se tienen en cuenta los núcleos familiares, proveedores, contratistas, comerciantes y demás actividades económicas vinculadas a la operación.

Por eso, lo que está ocurriendo no es un asunto exclusivo de Cerro Matoso, e**s un problema social y económico para el San Jorge. **Cuando un trabajador deja de recibir ingresos, también se resiente el comercio, cuando se afecta el comercio, se afectan los proveedores, cuando se reducen los ingresos de las familias, se afecta toda la economía del municipio y la región .

¿Y dónde está el Estado?

Aquí surge otra de las grandes preguntas frente a esta situación: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno nacional y, en particular, el Ministerio del Trabajo? ¿Ya se revisó jurídicamente la causal utilizada por Cerro Matoso para suspender los contratos? ¿Se verificó si efectivamente se cumplen las condiciones de fuerza mayor y caso fortuito que justificarían esta decisión? Y, sobre todo, ¿se analizaron las alternativas que tenía la compañía antes de recurrir a la suspensión de los contratos, teniendo en cuenta el impacto que esta medida genera sobre los trabajadores y sus familias?

Son preguntas que necesitan respuestas y el Estado no puede limitarse a observar desde lejos mientras trabajadores colombianos quedan en medio de una disputa empresarial.

El llamado a la nueva ministra del Trabajo

Ante esta situación, el llamado debe hacerse directamente al Gobierno nacional y, especialmente, a la nueva ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto. Desde el sur de Córdoba se debe pedir que este caso sea revisado con lupa y que se convierta en una prioridad dentro de la agenda laboral del Ministerio.

No se trata de atacar a Cerro Matoso, tampoco se trata de pedir que la empresa cierre, que abandone Colombia o que deje de operar la mina, se trata de algo mucho más básico, que se respeten los derechos de los trabajadores.

Cerro Matoso sí, pero con garantías para los trabajadores

Cerro Matoso es una empresa importante para el país y, especialmente, para la economía del sur de Córdoba. Pero precisamente por su importancia, sus decisiones tienen consecuencias enormes sobre la región. Por eso, defender la permanencia de la empresa no significa guardar silencio frente a las decisiones que afectan a sus trabajadores.

Se puede defender a Cerro Matoso y, al mismo tiempo, defender a sus empleados. Se puede defender la producción y exigir garantías laborales. Se puede reconocer la importancia económica de la empresa y, al mismo tiempo, pedir que el Estado cumpla con su obligación de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral.

Una mesa cuatripartita es el camino

La salida no debería ser la confrontación, la salida debe ser el diálogo. Por eso, resulta necesario convocar una mesa cuatripartita en la que participen el Gobierno nacional, Cerro Matoso , la alcaldía de Montelíbano  y los trabajadores.

Una mesa en la que se conozca la verdadera situación del suministro de gas, se revisen las condiciones jurídicas de la suspensión de los contratos y se busquen alternativas que permitan proteger los puestos de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo ha promovido históricamente el diálogo social como una herramienta fundamental para resolver conflictos entre trabajadores, empleadores y gobiernos.

Colombia no puede ser ajena a ese principio y la región del San Jorge tampoco, por eso el** San Jorge merece respuestas. **Cerro Matoso ha recibido durante décadas los recursos y el talento humano de una región que ha contribuido significativamente a su operación. Por eso, cuando cientos de trabajadores quedan en incertidumbre y miles de personas pueden terminar afectadas, el San Jorge tiene derecho a preguntar qué está pasando y a exigir respuestas claras.

No se trata de acabar con Cerro Matoso, no se trata de expulsar a una empresa que genera empleo. Se trata de impedir que los trabajadores terminen pagando solos las consecuencias de una crisis empresarial.

El Estado debe escuchar, la empresa debe explicar, los trabajadores deben ser protegidos, porque una suspensión laboral no afecta únicamente una nómina,afecta hogares, familias, comercios y comunidades enteras.

Y lo que hoy está en juego en Cerro Matoso no es solamente el suministro de gas, está en juego la estabilidad de cientos de trabajadores y la tranquilidad económica de miles de familias del sur de Córdoba.

Por eso, la pregunta queda abierta: **¿estamos realmente ante una fuerza mayor o ante una decisión empresarial que debe ser revisada a fondo por el Estado colombiano?. **La respuesta debe darse con transparencia, con argumentos jurídicos y, sobre todo, escuchando a quienes hoy están viendo amenazado su sustento.

Porque ninguna empresa puede estar por encima de la ley y ningún trabajador colombiano puede quedar solo frente al poder de una multinacional.