Un reciente informe de Mediciones Estratégicas, publicado el 6 de noviembre de 2025, ubicó al municipio de Montelíbano en una de las posiciones más bajas del ranking de gestión de los alcaldes de municipios menores del departamento de Córdoba.

De acuerdo con los resultados, el alcalde Gabriel Alberto Calle Demoya, ocupa el puesto 14 entre 16 mandatarios, reflejando una percepción desfavorable sobre su gestión por parte de la ciudadanía. Solo el 7,5 % de los encuestados calificó su administración como regular, mientras que un 22,5 % la consideró mala y otro 7,5 % pésima.

En contraste, únicamente el 30 % de los consultados la calificó como excelente y el 20 % como buena, cifras que evidencian un nivel de aprobación muy por debajo del promedio departamental.

El ranking, liderado por los alcaldes de Lorica (Carlos Mario Manzur de León), Chinú (Roberto Carlos Ramírez Trujillo) y Cereté (Said David Bitar Castilla), muestra una amplia brecha en percepción ciudadana frente al mandatario montelibanés, cuya gestión enfrenta críticas en temas como infraestructura, servicios públicos y seguridad.

Este resultado genera preocupación entre los habitantes de Montelíbano, quienes esperaban mayores avances en materia de desarrollo para Montelíbano, teniendo en cuenta la importancia económica y estratégica del municipio dentro del sur de Córdoba.

Mientras tanto, la administración municipal no se ha pronunciado oficialmente sobre su posición en este estudio.

Pasados dos años de gobierno, el alcalde Gabriel Calle está lejos de igualar o superar su anterior administración en el periodo (2012-2015). Su actual administración enfrenta serias críticas por la falta de resultados y el creciente descontento ciudadano.

A esta situación se suman los problemas que han rodeado a la familia Calle, cuyo nombre ha estado recientemente vinculado a varios procesos judiciales. El patriarca del clan enfrenta investigaciones ante la justicia por el caso Jaguazul, mientras que Andrés David Calle, exrepresentante a la Cámara, renunció a su curul para asumir su defensa dentro del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), caso que hoy lo mantiene recluido en la cárcel La Picota.